En un gobierno democrático es fundamental establecer
mecanismos legales que aseguren el comportamiento ético del gobierno.
El código de Instituciones y Procedimientos
Electorales aprobado en 1990, es una de las instituciones que respaldan este
derecho a la ciudadanía, todas las condiciones que los diferentes actores deben
cumplir para llevar a cabo elecciones: los que participan en las casillas; los
partidos políticos, y los organismos gubernamentales que vigilan y coordinan
las elecciones.
El artículo 38 establece:
a) Conducir
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus
militares a los principios del Estado democrático.
b) Abstenerse de
recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga objetivo alterar el orden
público.